JAVIER RODRÍGUEZ LOZANO

Agente del MP federal Gerardo Cruz Bedolla

MP que aspira a Fiscal Electoral del Estado

¿ELEGIRÁ EL CONGRESO A QUIEN

CONSIGNÓ POR ERROR A JACINTA?

Atropello a DDHH que horrorizó al mundo

Javier Rodríguez Lozano

Reportero de Investigación

AGUASCALIENTES, Ags., jueves 16 de julio de 2015.- Cuidado, la LXII Legislatura está a punto de aprobar hoy la candidatura de un agente del Ministerio Público Federal –Gerardo Cruz Bedolla- quien consignara injustamente a las indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta, acusadas de secuestrar a seis agentes federales en Querétaro, atropello a los derechos humanos que horrorizó y le dio la vuelta al mundo.

Empecemos: En 2006, hace nueve años, el agente del Ministerio Público Federal, Gerardo Cruz Bedolla, consignó por secuestro a las indígenas otomíes Jacinta Francisco Marcial, Teresa González y Alberta Alcántara, la primera de las cuales sería liberada en 2009 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El juez que las condenó en base a la averiguación previa de Cruz Bedolla, fue Rodolfo Pedraza Longi, quien el 30 de mayo de 2014 estuviera casi 90 días en la lista de nominados por el Consejo de la Judicatura Federal, para convertirse en magistrado de circuito, pero sería descartado, por su “sentencia de la ignominia”.

Consignó a indígenas otomíes

Pedraza sentenciaría a 21 años de cárcel y 90 mil pesos de multa a cada una de las indígenas, acusándolas de secuestrar ellas solas a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, en un mercado de Santiago Mexquititlán, en Amealco, Querétaro.

Las indígenas Jacinta, Teresa y Alberta vendían aguas frescas, cuando con otros comerciantes protestaron el 26 de marzo de 2006, la llegada al tianguis donde estaban, de un grupo de agentes federales, en un operativo contra la piratería que no era el giro de las mujeres.

El Ministerio Público Federal Cruz Bedolla integró un grueso expediente que el juez Pedroza Longi ratificó en todos sus puntos, en dos instancias judiciales. Jacinta sería señalada por el fiscal como “autora intelectual” y a Teresa y Alberta como “cómplices”.

Amnistía Internacional liberó a Jacinta

Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro le dieron seguimiento al caso hasta que lograron la liberación de Jacinta, recluida en el Centro de Readaptación Social San José El Alto, de Querétaro, el 16 de septiembre de 2009, mientras que Teresa y Alberta saldrían hasta el 28 de abril de 2010.

El TFJFA ordenó a la PGR indemnizar en especie, reconocer de manera pública la inocencia de Jacinta y esgrimió que la indiciada recibió daño económico, por tres años de reclusión.

El Tribunal reconoció que el Estado Mexicano incurrió en “actividad irregular”, contra la indígena, pero se abstuvo de fincarles responsabilidad oficial tanto al MP Cruz Bedolla, quien –dijo el fallo- “sustentó una acusación inverosímil”, o al juez Pedraza Longi, quien dictara las sentencias.

El juez Pedraza iba para magistrado

Pedraza sigue siendo juez actualmente, con un salario de 155 mil pesos netos, que habrían sido 208 mil si hubiese conseguido ser magistrado.

Por su parte, el abogado José Leónides Ortiz Castillo asumió la defensa de Teresa y Alberta, y el 6 de noviembre de 2006, levantó la averiguación previa A.P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, en contra del Ministerio Público Federal Gerardo Cruz Bedolla y los agentes de la AFI que perpetraron la aprehensión.

El jurista calificó la acción de Cruz Bedolla y los agentes federales, como autores de “un acto de odio y venganza” y de “abuso de autoridad y lo que resulte”, situación que hizo que Teresa y Alberta permanecieran en la cárcel más tiempo que Jacinta.

Demanda que nunca prosperó

Ortiz Castillo demandó a Gerardo Cruz y a seis elementos policiacos, acusándolos de “una mala integración de la averiguación previa”.

En otro caso, el 26 de julio de 2004, el fiscal federal en San Juan del Río, Querétaro, Cruz Bedolla, dictaminó una controversia a favor del alcalde priista de Jalpan de Serra, Leodegario Ruiz Esquivel y otros funcionarios municipales, que  desacataron la orden de un juez de Distrito sobre el predio Caldera Vieja, y construyeron indebidamente un centro recreativo con toboganes y alberca.

Fue un caso similar a aquel en que la Procuraduría General de la República solicitara en el Distrito Federal, quitar el fuero al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, por desacatar la orden del juez en el caso del predio El Encino.

Recomendación de CNDH desoída

El dictamen de Cruz Bedolla sería apoyado por el delegado de la PGR en Querétaro, Armando del Río Leal, y por el auxiliar del procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Hasta el 20 de diciembre de 2012, la PGR se había negado a acatar la orden del TFJFA, de indemnizar a las indígenas otomíes indiciadas erróneamente. Leopoldo Maldonado, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, acusó a la ex titular Marisela Morales, y al entonces procurador Jesús Murillo Káram, de “mantener en la impunidad los abusos cometidos contra las mujeres”.

Hasta esa fecha se hallaba congelada la demanda de reparación de daños, diría el jurista al recordar que la CNDH emitiría la recomendación 49/2009 que no fue aceptada por el entonces procurador Arturo Chávez Chávez, documento de la ombudsmanía que resultó clave para la liberación de las indígenas.

El Ministerio Público de Querétaro

Cruz Bedolla llegó a Querétaro el 16 de marzo de 2002, como ejecutivo de Proyectos en la Delegación de la PGR; el 15 de febrero de 2003 fue habilitado como Ministerio Público en la Mesa III de esa delegación, de donde el 4 de agosto siguiente fue enviado con el mismo cargo a San Juan del Río.

El 8 de abril de 2005 se encargó de la Mesa VI especializado en delitos contra la salud, el 1 de junio siguiente pasó a la agencia del MP en el Juzgado Primero de Distrito; el 7 de marzo de 2007 fue nombrado subdelegado de Procedimientos Penales de la Delegación de PGR en el citado estado.

El 25 de noviembre de 2009 regresa como MP a la Mesa VIII de la Delegación, como resultado de la liberación de Jacinta y el descrédito en que cayera por la mala integración de su averiguación previa contra las indígenas otomíes.

¿Lo elegirán a terna de Fiscal Electoral?

Y de ahí en adelante ya no recuperó un mejor perfil. Ha pasado de mesa en mesa, de área en área, hasta que el 31 de enero de 2011 fue adscrito a la mesa de Denuncia Ciudadana, en la Delegación de la PGR en Jalisco.

El 19 de marzo de este año de 2015 arribó a la Mesa 1 de la Segunda Agencia Investigadora de la Delegación de la PGR en la capital jalisciense, Guadalajara, puesto que ocupa actualmente.

Gerardo Cruz Bedolla nunca fue procesado por el encarcelamiento injusto de Jacinta, Teresa y Alberta, las indígenas otomíes vendedoras de aguas frescas en Querétaro, sin embargo, sí fue frenada su carrera de representante social de la Federación.

Y su nombre forma la quinteta aprobada por la Comisión de Gobierno, para que el fiscal general Oscar González Mendívil elija una terna y la Comisión de Justicia comparezca a los aspirantes… ¿Pasará el examen?